La lucha incansable de la Abogada Noelia Núñez finalmente ha dado frutos tras dos años de denuncias y exigencias de auditorías. Un reciente dictamen ha sacado a la luz una red de psicólogas que, bajo la fachada de peritas judiciales, operaban como defensoras de acusados de abuso sexual infantil. Este grupo, que se enriquecía a costa del sufrimiento de menores, manipulaba informes y dictámenes para favorecer a los abusadores, permitiendo que numerosos casos de abuso quedaran impunes.
El proceso para desenmascarar esta cofradía fue arduo. Núñez, junto a organizaciones defensoras de los derechos de los niños y adolescentes, presentó múltiples denuncias ante la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de la Defensa Pública y la Fiscalía General.
Sin embargo, la burocracia y la resistencia al cambio ralentizaron la respuesta. No fue hasta la emisión del primer dictamen que se reconoció formalmente la existencia de este “sistema” corrupto dentro del ámbito judicial.
Este dictamen no solo confirma las sospechas de Núñez, sino que también detalla cómo estas psicólogas, aprovechándose de su posición de peritas particulares, elaboraban informes que minimizaban o descartaban las denuncias de abuso.
Este proceder no solo favorecía a los abusadores, sino que además perpetuaba el dolor y la injusticia para las víctimas, muchas de las cuales eran menores indefensos que veían cómo sus agresores quedaban libres de culpa y cargo.
La revelación de este escándalo ha provocado una ola de indignación en la sociedad. Organizaciones de derechos humanos y de protección infantil han expresado su repudio y han exigido medidas inmediatas para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir.
La Fiscalía General y otros organismos judiciales ahora enfrentan la presión de tomar acciones decisivas contra las psicólogas involucradas y cualquier otro funcionario que haya sido cómplice de este entramado de corrupción.
La Abogada Noelia Núñez ha declarado que continuará su lucha para asegurar que se haga justicia para todas las víctimas y que se implemente un sistema más transparente y efectivo en la protección de menores.
Su trabajo incansable es un recordatorio de la importancia de la vigilancia y la denuncia ante cualquier irregularidad en el sistema judicial, especialmente cuando se trata de proteger a los más vulnerables.
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