La modalidad de destruir bienes del Estado en medio de protestas políticas sectoriales, debe ser frenada con la ley en la mano. Esta línea de pensamiento la bajó el diputado colorado Basilio Bachi Núñez, quien indicó que los costos que traen aquella «onda», deben tener responsables que se hagan cargo de la reposición. “Evaluaré con mi equipo de asesores para preparar un proyecto de Ley de reparación de daños y perjuicios contra patrimonio del Estado”, expresó el parlamentario en sus redes sociales. Agregó que, tanto personas físicas como jurídicas partidarias que se embarquen en onerosos perjuicios contra las arcas fiscales, tienen que responderse con penas que las obligue a pagar las consecuencias
La idea en cuestión comenzó a cobrar fuerza en debates y posicionamientos, después de los graves destrozos a patrulleras policiales y ambulancias, perpetrados por seguidores de Cruzada Nacional. Estos, en nombre de supuestas irregularidades en el proceso eleccionario presidencialista, desataron episodios de violencia en donde un factor común fue la destrucción de bienes del Estado.
El proyecto en cuestión podría tener adhesión de muchos legisladores, que ya adelantaron que no se puede dejar impune la destrucción de propiedades de contribuyentes, que son los que pagan la compra y reparación de bienes.
