Una grave denuncia por violencia familiar y amenazas fue presentada ante el Ministerio Público en Ciudad del Este contra un funcionario de la Fiscalía de Asunción, quien, según la víctima, se jacta de estar “protegido” por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. La mujer asegura vivir con miedo y bajo constante acoso tras haberse separado del denunciado, quien además la habría denigrado verbalmente en reiteradas ocasiones.
La denuncia fue formalizada el martes 8 de abril por la ciudadana Eva Librada Jara Ayala, quien actualmente reside en el kilómetro 10 Monday de Ciudad del Este, tras haberse trasladado a la zona huyendo de una situación de maltrato sistemático.
Según el documento presentado ante la unidad fiscal correspondiente, la mujer acusa a su expareja, Gustavo Ramón Segovia, chofer de la Fiscalía de Asunción y residente en la ciudad de Capiatá, de haber ejercido contra ella violencia psicológica y amenazas persistentes incluso después de la ruptura de la relación.
De acuerdo con el testimonio de la víctima, mantuvieron una convivencia de siete años durante la cual fue objeto de maltratos constantes. Hace aproximadamente dos meses, logró abandonar la vivienda familiar llevándose a sus hijos, buscando refugio en Ciudad del Este. Sin embargo, desde entonces, Segovia habría intensificado el acoso, enviándole mensajes y realizando llamadas desde Asunción con tono amenazante.
En la denuncia, Jara Ayala afirma que el denunciado no acepta la separación y le ha enviado mensajes ofensivos, denigrándola con términos como “puta” y otras expresiones agresivas. “Ya no puedo tener una vida tranquila. Estoy bajo amenaza constante”, señaló la mujer en su declaración.
La denunciante también manifestó que su expareja se aprovecha de su puesto como chofer en el Ministerio Público y que incluso le ha dicho que no teme ninguna acción judicial porque, supuestamente, cuenta con protección directa del fiscal general del Estado. Esta afirmación ha causado gran preocupación, dado el cargo sensible que ostenta el funcionario involucrado.
La víctima puso todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público y presentó las pruebas de los mensajes recibidos. Solicitó además las medidas de protección necesarias para salvaguardar su integridad física y la de sus hijos.
El caso fue remitido a la unidad especializada en hechos punibles contra la familia, desde donde se anunció que se iniciarán las diligencias correspondientes. No se descarta que el funcionario sea convocado en los próximos días para prestar declaración.
Este hecho deja al descubierto el uso de cargos públicos como escudo ante denuncias de violencia doméstica, y la necesidad de que todas las acusaciones se investiguen con rigurosidad, sin importar el puesto o las conexiones del denunciado.
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