Una pistola 9mm, incautada como prueba clave en un caso de violencia familiar, desapareció misteriosamente del despacho de la fiscal Estela Mary Ramírez. A pesar de la gravedad del hecho, la investigación abierta por la propia Fiscalía apunta únicamente a asistentes, dejando fuera de toda responsabilidad a la agente titular, lo que revela un preocupante esquema de complicidad, encubrimiento y aparente encajonamiento del expediente.
La desaparición de la evidencia ocurrió en enero pasado, aunque el arma había sido requisada en octubre de 2024 durante un allanamiento encabezado por la fiscal Ramírez en una vivienda del km 9 Acaray, en Ciudad del Este. En esa ocasión fue detenido el ciudadano brasileño Thiago Henric Días Campos (26), acusado de agredir y amenazar de muerte a su pareja en un episodio de violencia motivado por celos. La pistola incautada, cuyo modelo y marca aún no fueron especificados, constituía una de las principales evidencias para sostener la acusación por transgresión a la Ley de Armas y violencia familiar.
Sin embargo, en un giro insólito, al momento de preparar el requerimiento conclusivo del caso, previsto para el 14 de enero de este año, la fiscal Ramírez descubrió que en lugar del arma original, en el cajón de su escritorio había una pistola de aire comprimido. Lejos de denunciar el hecho de inmediato, la agente convocó de manera informal a agentes del Departamento de Investigaciones para realizar una supuesta inspección en su despacho, intentando que algún funcionario se hiciera responsable.
Como no obtuvo resultados, la fiscal recién después presentó una denuncia ante la mesa de entrada del Ministerio Público. El caso fue derivado a la unidad penal nº 5, a cargo de la fiscal Carolina Rosa Gadea, quien debió esclarecer cómo una evidencia clave desapareció de una oficina fiscal sin dejar rastros. Sin embargo, desde entonces, no hubo avances concretos en las pesquisas.
Llamativamente, la fiscal Gadea apunta únicamente a las dos asistentes y al practicante que trabajaban con Ramírez, excluyendo completamente a la titular del despacho, como si fuera imposible que ella misma hubiera manipulado la evidencia. Esta selectividad ha despertado duras críticas dentro del Ministerio Público, ante lo que parece un encubrimiento institucional para proteger a una colega.
La omisión de diligencias básicas, como la remisión del arma a DIMABEL, conforme lo establece la resolución n° 3.933 de la Fiscalía General del Estado -que regula el manejo de evidencias-, constituye una falta grave de la fiscal Ramírez, quien habría optado por guardar el arma en su cajón en abierta violación al protocolo. Tampoco ordenó la prueba de parafina, fundamental en este tipo de causas.
La sospechosa lentitud para avanzar en la causa y la pasividad de la fiscal Gadea en investigar a la titular del despacho refuerzan las versiones de que el expediente fue «encajonado», alimentando la percepción de impunidad dentro del Ministerio Público.
El procesado, Thiago Henric Días Campos, actualmente cumple arresto domiciliario y su eventual condena pende de un hilo, ya que sin el arma de fuego es improbable sostener una acusación sólida en juicio oral. El caso, hasta ahora manejado con total hermetismo, expone nuevamente las falencias del sistema judicial paraguayo, donde funcionarios que deberían proteger la legalidad pueden convertirse en los primeros en vulnerarla. La desaparición de una prueba fundamental no solo entorpece la búsqueda de justicia para la víctima, sino que además mina gravemente la credibilidad de las instituciones encargadas de hacerla valer.
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