Trascurrieron cinco meses de que el Dr. Emiliano Rolón Fernández asumió como fiscal general del Estado en remplazo de Sandra Quiñónez. Faltan exactamente tres días para que Jorge Sosa cumpla la misma cantidad de meses como fiscal adjunto del Área Penal nº X, que asumió en remplazo de Humberto Javier Rosetti Miranda. Por Alto Paraná nada ha cambiado y solamente se formó otro grupo para continuar con el esquema iniciado hace casi dos décadas por los entonces fiscal adjunto, Hugo Velázquez (exvicepresidente de la República) y el exsuperintendente fiscal Juan Carlos “Charly” Duarte, declarados significativamente corruptos por el Gobierno de EE.UU., según había denunciado el Colegio de Abogados de Alto Paraná (CAAP), el 13 de abril de 2023.
El esquema de aprietes del Ministerio Público de Ciudad del Este sigue intacto y el fiscal adjunto Jorge Sosa nada más se habría encajado al “molde”, manejado por un perverso grupo de abogados de marcas que opera en la zona con cada fiscales generales de turno.
El Fiscal Adjunto había asumido el cargo el 24 de marzo de 2023 con presencia del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien, a su vez, había sumido funciones el 9 de ese mismo mes.
“Conocemos la problemática de Ciudad del Este, una amplitud y hasta antagonismo de intereses que existen y en esa ubicación, en esa situación que conocemos como realidad hay solamente una orientación que tiene la Fiscalía, estado social de derecho. Significa que el cumplimiento de la ley está en primer lugar, no hay discusión ni debate que pueda hacerse, el Estado debe estar presente”, había señalado Rolón en el acto de asunción al cargo de Sosa, en la Fiscalía de Ciudad del Este.
Continúo: “La tarea del fiscal Jorge Sosa está en ser contralor de esta gestión, garantizando al ciudadano el trabajo. Quien trabaja, quien produce, quien está conforme a la ley tendrá la protección y el beneplácito de la norma” había señalado categórico el Fiscal General del Estado.
A su turno Jorge Sosa señaló en ese entonces: “el deseo es “cambiar el rostro del Ministerio Público ante la sociedad” y que van a empezar a recuperar la confianza de la ciudadanía a la Fiscalía, al tiempo de pedir a sus colegas fiscales que revisen el rol que tienen para que la ciudadanía realmente se sienta nuevamente protegida.
“Las directivas son claras, los agentes fiscales están para servir a la sociedad que busca Justicia”, había asegurado Sosa.
NADA HA CAMBIADO
Sin embargo, el discurso de Sosa cayó en saco roto y en vez de recuperar la confianza de la ciudadanía a la función de sus representantes, aumentó la desconfianza y la insatisfacción hacia la labor fiscal.
DENUNCIA DE CAAP
El Colegio de Abogado de Alto Paraná (CAAP), a través de su presidente, abogada Nidia Silvero de Prieto, había denunciado ante el entonces novel fiscal adjunto, Sosa, el esquema de aprietes que opera en el Ministerio Público de Ciudad del Este.
El gremio, además, había solicitado a Sosa que todas las unidades de marcas, anticontrabnado, medio ambiente, antisecuestros y hasta de violencia familiar sean auditadas.
Igualmente, solicitó el traslado de varios agentes fiscales, asistentes fiscales y otros funcionarios de la institución a los que calificó de brazos ejecutores del esquema de “aprietes y recaudación”.
En el punto tres de la denuncia del gremio de abogados señala: “Se podrá encontrar que la mayoría de las causas no han llegado a juicio oral, salvo algunas pocas e incluso no van a encontrar que esas denuncias hayan ingresado al sistema judicial (Juzgados de Garantías), porque se arreglan por el camino. El esquema instalado desde la época de que HUGO VELAZQUEZ Y JUAN CARLOS DUARTE, declarados significativamente corruptos por los Estado Unidos de América, sigue sin ningún control de parte de quienes deben hacerlo, convirtiéndose los distintos fiscales Adjuntos que estuvieron en esta zona del País, en recaudadores, blindando las ilegalidades y cobrando por eso una suma importante en distintos rubros y las unidades especializadas son el brazo operador de los aprietes. Por ello también solicitamos que mientras se realicen las investigaciones, que todos los que conforman esas unidades sean apartados del cargo. Sería bueno que también todas las demás unidades especializadas que existen y creadas solo para recaudar, sean eliminadas y que se refuercen las unidades ordinarias con los numerosos funcionarios que tienen a su cargo”.
Pasaron cinco meses de asumir el cargo y el fiscal adjunto, Sosa, habría cajoneado las graves denuncias de causas creadas y otras arregladas. “Solucionó” el problema con simple traslados de funcionarios
