La fiscal Estela Mary Ramírez, titular de la Unidad Especializada en Violencia Familiar Nº 2 de Ciudad del Este, vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras su vergonzosa inacción ante una denuncia de violencia presentada el 31 de marzo pasado. Su falta de reacción casi terminó en una tragedia, el intento de feminicidio de Raquel Florentín López (24) y el brutal apuñalamiento de su actual pareja, Ariel Yahari Giménez (28), quien hoy lucha por su vida en el hospital.
El atacante, Víctor Hugo Ramírez Bogado (32), irrumpió violentamente la noche del jueves 1 de mayo en una vivienda de la fracción Ybycuí, en el km 7 Monday de Ciudad del Este. Armado con un cuchillo, logró ingresar a la casa de su expareja y, tras no encontrar resistencia, asestó múltiples puñaladas al actual compañero sentimental de la mujer.
La víctima quedó tendida en el suelo, bañado en sangre, mientras que la mujer apenas pudo escapar con vida gracias a la intervención de vecinos.
Lo insólito -y a la vez indignante- es que el Ministerio Público ya tenía conocimiento previo del comportamiento violento del agresor.
El 31 de marzo, la misma víctima y su hermana habían acudido a denunciar una agresión anterior, donde Víctor Hugo las golpeó salvajemente. ¿Qué hizo la fiscal Ramírez? Absolutamente nada. Ni siquiera se molestó en ordenar la detención del sujeto o en convocar a las víctimas. Mucho menos dispuso protección efectiva para ellas.
Y como si fuera poco, luego de que el caso estallara en los medios, la fiscal utilizó la estructura de prensa del Ministerio Público para emitir un comunicado autocomplaciente en el que pretende lavarse las manos y “explicar” que cumplió con el protocolo.
Asegura que la víctima no se presentó, que no había lesiones físicas visibles y que se solicitó una evaluación psicológica, como si las puñaladas debieran anticiparse con un diagnóstico de consultorio.
La excusa del “protocolo” es usada por la agente como un escudo para esconder lo obvio: su total negligencia. La misma que deja en evidencia una peligrosa costumbre en el sistema judicial paraguayo: minimizar las denuncias de violencia familiar y reaccionar -si es que lo hacen- cuando ya es demasiado tarde.
Familiares de la víctima no dudan en calificar la actuación de Ramírez como “una omisión criminal”. “Nos salvamos por milagro. No hubo prevención, no hubo protección. Esa señora no hizo nada”, expresó uno de los allegados, con lágrimas de indignación.
Pero la fiscal parece más preocupada por su imagen pública que por la vida de las mujeres a quienes debería proteger. En lugar de asumir su responsabilidad, lanza comunicados políticamente correctos y se escuda en formalismos legales que no salvaron a nadie esa noche.
Afortunadamente, esta historia no terminó en otro feminicidio más para sumar a la estadística. Pero estuvo muy cerca. Y si el Ministerio Público no empieza a tomar con seriedad estos casos desde la primera denuncia, la próxima víctima podría no tener la misma suerte.
¿Hasta cuándo fiscales como Estela Mary Ramírez seguirán jugando a cumplir protocolos mientras afuera corre sangre real?
