Se presentó la acusación formal contra la fiscal Ana Elizabeth Girala y otras cinco personas acusadas por cohecho (coima), cohecho pasivo, asociación criminal, extorsión y persecución de inocentes. El fiscal acusador Osmar Legal presentó al juzgado un documento de 185 páginas, en donde fundamenta causas y detalles de su presentación. Termos de “alta gama” para zafar de un alcotest positivo, 25 millones para eludir la apertura de juicio por homicidio doloso en grado de tentativa (o en su defecto una mesa de pino para quincho) con una parrilla para asado, cesión de terrenos para acelerar acción de fiscalía para desalojos de personas de inmuebles de propiedades en litigio. La lista de costos y formas de pago por coimas, que figura en el expediente de acusación contra la fiscal Ana Girala y otros cinco implicados, es tan amplia como reveladora de cómo operan fiscales y funcionarios venales del Ministerio Público.
El caso que hizo desvelar el modus operandi de la acusada, fue el relacionado al padre de Richard Hermosilla, quien está procesado por homicidio doloso en grado de tentativa. La fiscal, presuntamente, pidió 25 millones de guaranies, a abonarse en dos pagos. Como el progenitor del imputado le señaló que no contaba con dicha suma, la representante del Ministerio Público le exigió a cambio una mesada para quincho y una parrilla para asado (Hermosilla realiza trabajos de carpintería y herrería) La propuesta indecente fue grabada por la fiscalía (a instancia de la persona objeto de la coima) y fue el fin de la serie de supuesta venta de resoluciones de la fiscal Girala, a cambio de “cualquier cosa” que se ajustara al bolsillo de la víctima.
Las otras personas acusadas en el mismo caso son Christi Magalí Ortega Domínguez, asistente fiscal de Girala y Griselda Beatriz Acha Alcaraz, secretaria de la unidad fiscal de San Lorenzo. Estos están como coautoras y cómplices. Igualmente la acusación implica a los abogados Liz Elena Martínez Robles, presunta autora de extorsión, trafico de influencias y asociación criminal; Marcos Aurelio Velazco Mendoza, por supuesto soborno agravado, trafico de influencias y asociación criminal y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, como supuesta autora del hecho punible de tráfico de influencias
